El Basurero de la Democracia

No es novedad que prácticamente desde el regreso de la democracia el pueblo argentino encuentre buenos motivos para expresar su profunda insatifacción con quienes integran la administración de justicia. Sin embargo, casi ninguno de los procesos de democratización/reforma orientados por constitucionalistas, procesalistas y/o teóricos del estado no han considerado rasgo central de intervención en un proceso de democratizador, la desvaloración social y política de aquelles. La única excepción a esas alternativas edulcoradas, gatopardistas fue el paquete legislativo del 2013 del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner con las ideas fuerza de “la sociedad le habla a la justicia”, “justicia para todas y todos”. No quedan dudas que aquellas leyes transformadoras, que no pudieron aplicarse por la “intervención” del único poder sin votos, el judicial, fueron las únicas que abordaron el sentimiento popular de tedio hacia la administración de justicia incorporando entre otras cosas mayores[1]. La audaz iniciativa no solamente generó un debate público profundo sino que además se apartó del enfoque ortodoxo reformador que impulsaba e impulsa, para la Argentina y toda la región, el Centro de Estudios Judiciales para las Américas (CEJA)[2], con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En la década del 90 las “ideas” reformadoras del CEJA se difundieron por toda latinoamerica. En la Argentina se plasmaron durante el 2do gobierno de Carlos Saúl Menem con el lanzamiento del “Plan para la Nueva Justicia del Siglo XXI” que exhibía, como no podía ser de otra manera, fina sintonía con la preocupación por la seguridad jurídica y la independencia judicial del ex Director del FMI Michel Camdesuss. La propuesta no tuvo materialización. Lejos de quedar en el pasado recupero fuerzas con la victoria electoral de Mauricio Macri. El nuevo gobierno, con German Garavano de Ministro de Justicia, replicó en “Justicia 2020” el viejo plan menemista que él mismo había escrito como director de FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia). Ese tipo de modelos han sido genialmente sintetizados por el profesor Eugenio Zaffaroni como “…reformas tecnocrácticas que equiparan el poder judicial a una fábrica de hacer chorizos pero no buscan mejorar el control de constitucionalidad y/o el sistema de reclutamiento, selección y remoción de jueces, fiscales y defensores…”.

Si bien durante el gobierno de Macri el proyecto Justicia 2020 no tuvo avances significativos sirvió por un lado, para mantener alejado del debate público la creciente pérdida de legitimidad[3] de la función judicial. Por otro lado, permitió continuar recreando un falso marco de discusión sobre  la división de poderes, la independencia judicial, etc. 

Sin embargo, quien volver sobre el tema de la legitimidad de la función judicial porque no me parece una casualidad que miles de manifestantes que piden por la liberación de Milagro Sala, llenen el histórico frente del palacio de tribunales, denominen a la Corte el Basurero de la Democracia. Este hecho social debe ser críticamente analizado. No solo porque es una nueva manifestación de hastío social con el comportamiento judicial sino porque una vez que el momento de impacto simbólico desapareció y se limpió la basura, los cortesanos ingresaron en sus despachos para continuar, como casi siempre, tomando decisiones a contramano de las grandes mayorías. Parte de ese análisis debe dirigirnos a indagar por qué quienes desempeñan funciones judiciales se encuentran en una posición tan cómoda en la que si quieren, pueden ignorar al pueblo. ¿Acaso no reside en el pueblo soberano el origen de sus mandatos? ¿No deberían, tratándose cómo se trata de un poder del Estado, como el ejecutivo y el legislativo, revalidar sus títulos y rendir cuentas al pueblo que con sus impuestos paga sus sueldos? ¿Dónde reside el sustento constitucional de esa ausencia de procedimientos legitimadores de la función judicial? Naturalmente que tratándose como se trata de servidores públicos cuanto menos la rendición de cuentas por sus actos funcionales y la exhibición pública de sus declaraciones patrimoniales debería ser obligatoria. Lo cierto es que la ausencia de algún tipo de mecanismo institucional que controle efectivamente los actos del poder judicial les permite desconectarse de cualquier movimiento de rechazo popular a sus decisiones. Entonces, poco les importa que miles de manifestantes los señalen como integrantes de “el basurero de la democracia”.  Saben que pasado la incomodidad momentánea del reclamo nada cambiara demasiado en sus vidas. No se preocupan porque la solidez de la permanencia en sus funciones no depende ni necesita por el momento de respaldo popular alguno. Por eso; la desazón, la falta de respeto, el descrédito popular, poco mellan el ánimo de estas personas integrantes de uno de los “poderes” esenciales del estado en una democracia.

Mucho tiempo han transcurrido desde la sanción del marco jurídico político del cual se impregnaron los constituyentes argentinos de 1853 que reconoce sus fuentes inmediatas en la dictada en Filadelfia en 1787 y la tripartición de funciones pensada por Montesquieu. Claramente la sociedad actual no es la misma del siglo XIX para la cual fue pensado el ordenamiento judicial. Es indudable que en la actualidad muchos conflictos y tensiones sociales se judicializan condicionando la práctica jurídica. Bajo esa situación no puede seguir considerándose al derecho como neutral o a la función como meramente técnica. Al contrario las operaciones jurídicas que conllevan a una determinada decisión, aunque pretendan presentarse socialmente como exclusivamente regidas por reglas de derecho, no lo están, diversos factores sociales, económicos y políticos externos al sistema jurídico, suelen, imponer sus condiciones.

Les administradores de justicia no responden al viejo modelo constitucional que les obligaba a ser en palabras de Montesquieu: “…el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar la fuerza ni el rigor de las leyes…”. Si aquelles no son mas seres inanimados que deben respetar a rajatabla el texto de la ley no hubiesen podido por ejemplo, declarar la inconstitucionalidad de las leyes de reforma judicial aprobadas en 2013. Ahora bien, si lo hicieron contrariando al poder popular, no pueden seguir gozando de sus cargos a perpetuidad sino que deberían someterse al escrutinio público después de tomar una decisión contraria a la expresión mayoritaria de los representantes del pueblo. Ese mecanismo no puede ser el clásico enjuiciamiento político que requiere de inconductas manifiestas. Vale decir, si a pesar de que no ha llegado a sus puestos por elección del pueblo, como ocurría con los jueces en la antigua Grecia, debe habilitarse la participación popular en su selección o cuanto menos ponerle fecha de vencimiento al ejercicio de sus cargos. En casi la totalidad de los Estados Unidos además de participar el pueblo en los jurados elige periódicamente a jueces y fiscales.

En un estado democrático como el actual no parece suficiente, luego de la utilización del aparato judicial como mecanismo de persecución política, ni el juicio político ni las manifestaciones sociales públicas de repudio como la de la marcha del Basurero de la Democracia. Así como los otros poderes del Estado renuevan periódicamente sus votos de confianza ciudadana lo mismo debería ocurrir con el judicial. El “ridículo” argumento de la independencia o división de poderes no puede seguir siendo utilizado para permitir que los Supremos u otros jueces, cuando sus intereses personales y corporativos se encuentran en juego, fallen impunemente en contra de las mayorías.

Por eso, poco importa que los constituyentes hayan pensado un estado divido en tres ramas con funciones separadas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, si cada vez que ha sido necesario, la instancia judicial ha sido utilizada para resolver conflictos políticos. Los ejemplos son innumerables para demostrar que esa equidistancia siempre ha sido formal. La primera evidencia de una administración judicial subordinada a los poderes fácticos de turno ocurrió con el golpe de estado de 1930. La Corte Suprema de Justicia, lejos de condenar el golpe de estado que deponía un gobierno elegido por el pueblo, optó por avalarlo y dejar los principios republicanos al costado del camino. Claro que ese no es el único ejemplo de subordinación en la compleja historia institucional argentina sino todo lo contrario.

El regreso de la democracia, ni la reforma constitucional lograron modificar la forma burocrática-autoritaria que arrastraba la función judicial. El descrédito del aparato judicial tuvo quizás un punto de quiebre cuando Nestor Kirchner inicio un proceso de depuración y recuperación de legitimidad de la Corte Suprema con su recordado discurso del 4 de junio de 2003 en el que dijo: “…Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias…”. Luego del discurso comenzaron las renuncias y las destituciones para terminar conformando un nuevo tribunal que durante un tiempo mantuvo cierto prestigio que duro mucho menos del esperado. De todos modos, el problema no ha sido ni será exclusivamente la composición de la Corte sino que comprende a toda la administración de justicia. En su libro Estado Democrático y Cuestión Judicial el Profesor Roberto Bergalli decía al referirse a la situación Argentina “no es necesario continuar cacareando sobre la división de poderes como dogma sino pensar el equilibrio de poderes como estrategia para conocer quién es el protagonista hegemónico de la lucha contra el poder absoluto… En la Argentina ese protagonista ha sido hasta ahora solo en contadas veces el pueblo…”.


[1] Entre los puntos destacables encuentro la apertura de la participación popular en la elección directa de los miembres del Consejo de la Magistratura, la plena publicidad de los actos del Poder Judicial, el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de sus miembres y el ingreso por sorteo ( 26.855 reforma del Consejo de la Magistratura; 26.856 publicidad de los actos del PJ; 26.857 declaraciones juradas patrimoniales; 26.861 ingreso igualitario al PJ y al Ministerio Público; Leyes 26.853 creación de cámaras de casación y 26.854 medidas cautelares contra el Estado)

[2] Todos los programas de “reforma judicial” del CEJA basicamente se reducen a “oralidad”, eficiencia, aplicación de tecnologías, etc. se pueden encontrar en su página web https://cejamericas.org 

[3] Según una encuesta de la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercados, aplicada en el nivel nacional en marzo de 2010, 86,7% consideró que la independencia del PJ estaba peor o igual que antes. Más de 73% consideró que no le merece confianza el buen funcionamiento de la justicia ni la ecuanimidad de los jueces argentinos; 45% estimaba que los jueces están politizados.

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