Por qué es necesario una nueva Ley de Educación Superior en la Argentina

En este tiempo histórico marcado por la pandemia del COVID 19, acontecimiento de escala planetaria que afecta nuestras vidas individuales y colectivas, las máscaras que sostienen el gran decorado neoliberal han caído grosera y trágicamente. Quedan expuestas de este modo las profundas desigualdades sociales que son sus consecuencias. Porque los mercados no curan ni educan a nuestras grandes mayorías. Por eso ahora que vuelve a revalorizarse el rol del Estado y de lo público, resulta indispensable situar a la idea de la soberanía educativa como llave maestra para la descolonización / despatriarcalización cultural, lingüística, epistemológica y educativa. 

Por eso nos proponemos abordar en forma integral las problemáticas de la educación superior en nuestro país, para discutir sobre la necesidad de una nueva ley que sepa leer e interpretar las necesidades de nuestra sociedad argentina siglo XXI, sus complejidades, sus diversidades, desafíos y encrucijadas en los contextos internacionales actuales.

En tal sentido, propondremos 5 puntos para introducir el debate.

1. Desmercantilizar: La Ley de Educación Superior en vigencia data de 1995, durante el menemismo, e introduce los principios que dieron lugar a su mercantilización. Es muy destacable la sanción de la Ley Nº 27.204/2015, por iniciativa de la por entonces legisladora nacional Adriana Puiggrós, porque introduce modificaciones importantes a esa ley, en especial, en lo que concierne a su gratuidad, concibiendo a los estudios superiores como derecho social. Sin embargo, en marzo de 2016 un juez la consideró inconstitucional[1] porque la interpretó como un avance sobre la autonomía universitaria. El gobierno de Macri no apeló tal fallo y por lo tanto quedó firme.

2. Un proyecto de educación superior emancipatorio para un país soberano:

Necesitamos un gran debate para contar con una Ley de Educación Superior para una Argentina Soberana. Su ausencia es una de las grandes asignaturas pendientes del período 2003-2015. Porque necesitamos transformar las condiciones simbólicas –tanto como las materiales- que pesan sobre nuestra educación pública como anteojeras conceptuales para comprender quiénes son sus nuevos sujetos, y que clase de conocimientos necesitan aprender y cuáles son los procesos de enseñanza aprendizaje social, cultural, científica, tecnológica y éticamente valiosos.

Por consiguiente, el debate por una nueva Ley de Educación Superior, y su sanción surgida de un gran acuerdo nacional, es condición de posibilidad para la planificación y puesta en marcha de un proceso de transformación de la formación y la carrera docentes. Pero también debe discutir y definir los aportes de nuestras universidades para el desarrollo estratégico de la investigación científica y tecnológica cuyo norte debe apuntar hacia el horizonte de una emancipación que conquiste grados crecientes de autonomía. Que se proponga un aporte significativo para la justa redistribución de la riqueza material y simbólica del país, porque se piensa como la institución capaz de producir los conocimientos imprescindibles para el desarrollo integral de la Argentina, social, económico, cultural y educativo –capaz de interrogar y transformar nuestra matriz productiva y científica-tecnológica-, concebido desde la perspectiva ambiental.

3. Resignificar el concepto de autonomía universitaria, no solo en relación con el Estado, que establezca a la autonomía universitaria también respecto de los intereses de los grandes monopolios y corporaciones que son los poderes fácticos que penetran los planes de estudio de las carreras y líneas de investigación como formadores de lo que conciben como sus propios recursos humanos.

Urge aquí asumir el desafío político de producir una gran síntesis histórico-cultural entre los principios del reformismo y los del pensamiento nacional y popular, porque fueron dos grandes movimientos políticos populares los que fueron capaces de pensar a la educación superior como un derecho, o mejor, como una suma de derechos a conquistar, a través de la democratización de las instituciones y la plena participación democrática. Bien podemos y debemos concebir este período histórico como el de una gran y necesaria síntesis, previo debate desde luego, de dos líneas de pensamiento y tradiciones que hasta ahora transitaron por caminos separados.

4. Repensar el concepto de extensión universitaria. Para que este principio reformista se resignifique desde las dimensiones sociales y éticas del conocimiento como instrumento para comprender y transformar la realidad, no para las otras y otros, sino junto con los sujetos que la viven como injusta. Es necesario rescatar, en tal sentido, valiosas experiencias de universidades en estas últimas dos décadas.

5. Pensar nuestros IES de todo el país como partes fundamentales de la educación superior, reorganizados a partir del INFOD en una red federal que articule de modo virtuoso las nuevas relaciones entre Nación y provincia, entre Universidades e Institutos de Educación Superior, para anclar fuertemente en la diversidad territorial que somos como país los principios de un País Federal, en términos de Justicia Educativa.

Es necesario destacar en este punto los aportes que realiza la actual Ley Nacional de Educación en relación con los IES.

Este punto 5 resulta fundamental, porque su respuesta define la clase de LES que se pretende, si ley marco, si ley específica, si ley que contemple solo a las universidades o bien, una ley específica para una educación superior que articule las realidades nacionales, universitarias, con las de las jurisdicciones, es decir, la que involucra a los IES.

Revelar y deconstruir el relato naturalizador de la desigualdad respecto a la Educación Superior:  En conflicto con las mejores tradiciones reformistas y nacional populares se ha construido por parte de las elites un discurso hegemónico que justifica la desigualdad en el terreno educativo, en especial con respecto a la educación superior.  Demoler mitos y meritocracias salvajes es parte de una educación soberana solo construible en un país soberano y más igualitario. Pensar y diseñar una educación mas igualitaria no solo se construye en las aulas sino en la realidad del conjunto social del país, pero las aulas tienen mucho para ayudar en este desafío de nuestros pueblos.  Por último, estamos convencidos de que no habrá posibilidad de emprender caminos de desarrollo sostenible sin soberanía política, científica-tecnológica, cultural y educativa. Una nueva ley de educación superior que tenga esos horizontes de sentido es una de las condiciones de posibilidad para aspirar a la construcción de tal desarrollo.


[1] Lorca, Javier. El gobierno no apeló y quedó firme un amparo contra la reforma de la Ley de Educación Superior. Un fallo a favor del ingreso restringido. 11 de marzo de 2016. Página 12. En: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299074-2016-05-11.html

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