“El caso Vicentín” La constitución de una empresa pública y la soberanía nacional

El Decreto de Necesidad y Urgencia 522 del 9 de Junio dispone en su Artículo 1° “la intervención transitoria de la sociedad VICENTIN SAIC por sesenta días, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.

En sus considerandos se refiere que la sociedad se ha presentado en concurso preventivo el 10 de Febrero de 2020, pero que la cesación de pagos se remonta al 4 de Diciembre de 2019.

Se afirma en los considerandos del Decreto que antes de entrar en cesación de pagos, Vicentín cedió -para saldar deudas- un tercio de su participación en la sociedad RENOVA S.A. al grupo GLENCORE, el que pasó a tomar el control efectivo de la empresa al poseer el 66,67% de las acciones.

Se menciona entre las empresas controladas a ALGODONERA AVELLANEDA S.A., que en Marzo de 2020 suspendió a 500 empleados, paralizando su actividad.

El Decreto de Necesidad y Urgencia destaca la importancia del endeudamiento financiero local e internacional de casi 64.000 millones de pesos, y que los principales acreedores financieros nacionales son los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad de Buenos Aires, Hipotecario, Macro, Nuevo Banco de Entre Ríos, Itaú y Nuevo Banco de Santa Fe.

Se hace referencia a la apertura de un sumario administrativo en el Banco de la Nación Argentina a raíz de créditos otorgados por un monto superior a los 300 millones de dólares, que nunca fueron pagados por Vicentín. También a la causa por el delito de defraudación en perjuicio del citado Banco, en la que se investigan presuntos delitos vinculados con la empresa y autoridades del Banco de la Nación Argentina.

Se afirma que la empresa se encuentra en el sexto lugar en ventas al exterior de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales, con un 9 % del total de ventas externas agroindustriales; y que se encuentran en riesgo de perder sus empleos 2.195 trabajadores aceiteros, 1.000 de la firma algodonera, 376 de la industria vitivinícola y 2.057 de la planta frigorífica.

Se destaca que la firma concursada “es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, lo cual resulta relevante en momentos de altísima vulnerabilidad a raíz de la pandemia de Covid-19”.

Ante la gravedad de la situación planteada, el Gobierno Nacional manifiesta en los considerandos que ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y la expropiación de Vicentín SAIC, y en su artículo 1° resuelve la ocupación temporánea por sesenta días conforme a los artículos 57, 59 y 60 de la ley de expropiación 21.499, “en razón de utilidad pública, con el objeto de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los puestos de trabajo en peligro, lo que se vuelve urgente en el marco de las emergencias dictadas por la ley 27.541 y la situación de emergencia sanitaria inédita que vive el país, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad para la economía”.

Como era de esperar, los directores de Vicentín, la derecha política y los voceros mediáticos de las corporaciones extranjeras y nacionales que dominan el comercio exterior y los puertos de nuestro país reaccionaron airadamente llamando a resistir la intervención y expropiación, calificándola de medida inconstitucional atentatoria contra la propiedad privada.

Quizás convencidos de que la historia se repite, pensaron en la posibilidad de avanzar en una ofensiva desestabilizadora similar a la del lock out de las patronales agropecuarias contra las retenciones móviles dispuestas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (la resolución 125), que paralizara al país por tres meses y medio, concluyendo en el Senado –a través del voto “no positivo” de Cobos- con una derrota del proyecto enviado por el gobierno modificado en Diputados, y un claro triunfo de los exportadores, los pools de siembra y los sectores más concentrados de la burguesía sojera.

La reacción contra el Decreto de Necesidad y Urgencia comienza con una movilización convocada por el intendente de Avellaneda a fin de impedir que los interventores designados pudieran acceder a la empresa. Prosigue con la convocatoria de la oposición de derecha al denominado “banderazo” del 20 de Junio, mezclándose las consignas a favor del grupo económico con las que reclaman el fin de la cuarentena prácticamente desde su comienzo.

El directorio de Vicentín SAIC solicita al Juez del Concurso, Dr. Fabián Lorenzini la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia, el cese de la intervención y la restitución del directorio de la empresa. El magistrado resuelve declararse incompetente para declarar la inconstitucionalidad peticionada, pero no obstante ello se considera competente para transformar por su cuenta la medida cautelar en medida autosatisfactiva, para ordenar reponer al directorio y para designar a los interventores como veedores controladores.

Existe una contradicción insalvable en este fallo: un juez que se declara incompetente para declarar la inconstitucionalidad peticionada, sí se considera competente para reponer a los integrantes del directorio y para cambiar el carácter de los interventores designados por el gobierno nacional, transformándolos en veedores controladores, figura prevista por la Ley de Concursos y Quiebras 24.522.

Tal decisión implica un claro alzamiento del juez concursal contra un Decreto de Necesidad y Urgencia que ha declarado de utilidad pública y sujeta a expropiación a Vicentín S.A.I.C.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe intenta una variante solicita al juez del concurso -a través de la Inspección General de Personas Jurídicas- la intervención de Vicentín, proponiendo como interventores judiciales a los dos nombrados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 522, a los que suma uno por la Provincia. El escrito contiene sólidas apreciaciones sobre la situación de la empresa, el riesgo de su vaciamiento y su transformación en un grupo económico transnacional a través del control de numerosas sociedades constituidas en el país y en el extranjero.

Se ha sostenido que el empleo de este nuevo instrumento: la intervención judicial en lugar de la expropiación, evitaría una dura confrontación en el Congreso y conduciría al logro de los mismos objetivos: desplazar al directorio responsable de la cesación de pagos, con tres denuncias penales por presuntas maniobras fraudulentas.

Cabe preguntarse si la vía elegida es la más idónea para logar los objetivos perseguidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 522: evitar la quiebra de la empresa, pagar a los acreedores y conformar una nueva empresa pública con mayoría estatal.

El artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras determina lo que cuando el concursado oculte bienes, omita las informaciones que el Juez o el síndico le requieran, incurra en falsedad en las que produzca o realice algún acto en perjuicio evidente para los acreedores, el juez puede separarlo de la administración por auto fundado y designar reemplazante.

Se trata de la medida más drástica prevista por la Ley de Concursos y Quiebras para proteger los bienes que quedan en manos de la empresa en cesación de pagos, para evitar su destrucción o vaciamiento total: que el juez del concurso separe al directorio de la sociedad a fin de lograr que los acreedores puedan percibir sus créditos.

Las graves irregularidades existentes: el otorgamiento ilegal de créditos por parte del Banco Nación y la fuga de dichos fondos a paraísos fiscales, donde constituyeron empresas off shore, como así también la venta del paquete accionario en Renova S.A., desconociéndose el destino del precio abonado, la exportación de cereales entregados en nuestro país a través de Vicentín Paraguay, configurarían conductas delictivas imputables a miembros del directorio. Tales hechos son motivos de entidad suficiente para que el magistrado deje sin efecto la medida adoptada y acepte el desplazamiento del directorio de la sociedad y la designación de los interventores propuestos, quienes lo sustituirían en la administración de la empresa, como funcionarios responsables ante la sindicatura y el juez del concurso.

Es posible que a través de esta intervención judicial se logre arribar a un acuerdo entre los Estados Nacional y Provincial, los trabajadores, cooperativas y algunos productores, a través del mecanismo del cramdown, capitalizando sus acreencias y logrando una mayoría del 66 % del total, y conformando una empresa pública testigo en el mercado de granos. La complejidad de esta ingeniería jurídica y económica tendría que superar los escollos propios de todo trámite concursal. Cabe señalar que una gran proporción de los acreedores, cerca de un 40 %, son corporaciones financieras extranjeras, que no se sumarán a este proyecto.

En el caso de que el juez rechace el pedido de intervención del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, sólo quedaría abierta la vía de la expropiación por causa de utilidad pública, que en el caso de aprobarse implicaría no sólo el desplazamiento de la administración, sino de la propiedad de la empresa al Estado Nacional. De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia 522, se creará el Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciante y beneficiario será el Estado Nacional, y el fiduciario YPF Agro S.A., en los términos del Artículo 1666 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El Artículo 17 de la Constitución Nacional determina que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. El valor actual de Vicentín es muy inferior al que tenía antes de su cesación de pagos a fines del 2019. Hoy tiene una deuda actual de 1.419 millones de dólares, y ha perdido la confianza de los productores, a quienes no ha pagado, y ya no envían cereales para su comercialización. Debería deducirse de la valuación que efectúe el Tribunal de Tasaciones o el tribunal interviniente la deuda con el Banco de la Nación Argentina y demás bancos estatales.

La creación de una empresa pública con mayoría estatal, con participación de los trabajadores, las cooperativas agropecuarias y los productores constituiría un hecho histórico de gran trascendencia para que el Estado nacional vuelva a ser un actor importante en el comercio exterior de los productos de nuestro suelo. Cabe señalar que a partir del gobierno neoliberal de Menem, el Estado argentino dejó de tener presencia en dicho mercado. Con la disolución de la Junta Nacional de Granos en 1991, sumada a la legalización de los puertos privados y las concesiones de los estatales, cesó cualquier tipo de intervención y de regulación en el comercio exterior de granos, que pasó a ser monopolizado hasta hoy por el capital privado nacional y extranjero.

Vicentín es sólo una muestra del perjuicio causado por el accionar incontrolado de las corporaciones que dominan este mercado, el más importante en cuanto a la generación de divisas que requiere el país. Este monopolio privado determina que los precios de los productos primarios que consume nuestro pueblo sean superiores a los que se pagan en Europa o EE UU.

La lógica impuesta por el neoliberalismo parte del dogma de que el Estado sólo le cabe trazar las reglas del juego, mientras las entidades privadas son las únicas que juegan los partidos y perciben todos los beneficios. Es hora de que el Estado regule, controle e intervenga en forma directa –a través de empresas públicas o mixtas- en el comercio exterior de granos, que contribuirá a la soberanía alimentaria. Con esta decisión soberana y legítima se reivindica el papel insustituible del Estado, calificado de “mal administrador” durante décadas por los defensores de los intereses de las multinacionales y el gran capital local. Es por ello que la decisión del Gobierno Nacional tiene un valor importante de ruptura de la hegemonía ideológica y cultural de las ideas del neoliberalismo en la sociedad.

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