Un 2019 agitado y… ¿con saldo negativo?

Ecuador

El año 2019 no encontró a Ecuador ajeno a los numerosos problemas que atraviesan a la mayoría de los países de América Latina. El país andino finaliza el año con una economía que registra la caída del PBI y una creciente deuda externa. Además, las políticas de ajuste desencadenaron una ola de protestas a inicios de octubre que se prolongaron durante varios días y que dieron inicio a los meses más turbulentos de los últimos años en la región si consideramos los posteriores estallidos sociales en Chile y la ruptura del orden democrático en Bolivia.

Pareciera que el presidente Lenin Moreno ha decidido acentuar las políticas que lo distanciaron de Rafael Correa y a la fecha la relación entre ambos se encuentra en un punto muy álgido. La persecución judicial ejercida sobre el ex presidente Correa no es el único de los frentes en los cuales se desarrolla la “descorreización” de la política ecuatoriana.

La persecución judicial ejercida sobre el ex presidente Correa no es el único de los frentes en los cuales se desarrolla la “descorreización” de la política ecuatoriana.

En síntesis, el 2019 ecuatoriano nos deja elementos por demás interesantes para el análisis político e ilustra de una manera particular las contradicciones de la globalización, cada vez más notorias a nivel mundial. He aquí un repaso de lo más destacado.

El caso Assange

Una de las notas distintivas de las relaciones exteriores de Ecuador del último tiempo había sido el otorgamiento de asilo político al fundador de WikiLeaks, el australiano Julián Assange.
El activista se encontraba en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 y a principios de abril el gobierno de Ecuador decidió quitarle el asilo político y la nacionalidad ecuatoriana, esta última que le había sido dada hacia 2017.

Bajo el pretexto de que Assange había incumplido los compromisos que tenía con el país andino, dando a entender que aún mantenía contacto con otros miembros de WikiLeaks y había sido partícipe en la filtración de cierta información sensible sumado a acusaciones acerca de accionar sospechoso dentro de la misma Embajada, el presidente Lenin Moreno declaró que el asilo se había vuelto “insostenible e inviable”. 

El desenlace del caso Assange, quien fue capturado la mañana del 11 de abril por las autoridades británicas, fue uno más de los puntos de ruptura frente a la gestión del ex-Presidente Rafael Correa.

Ampliación de Derechos: buenas y malas

La comunidad LGBTI ecuatoriana celebró con alegría la noticia de que la Corte Constitucional, el máximo órgano judicial del país, hubiera fallado a favor de la validez del Matrimonio entre personas del mismo sexo, en el mes de junio.

El pronunciamiento de la Corte fue sobre dos casos que llegaron desde tribunales de consulta menores y estuvo motivado principalmente en la Opinión Consultiva 24-17 de enero de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los derechos de la población LGBTI a la igualdad y no discriminación, identidad de género y derechos de familia.
El carácter vinculante y obligatorio de esta decisión implica que todas las parejas homosexuales que deseen contraer matrimonio podrán realizarlo sin ninguna complicación por parte del Registro Civil. Además, se espera que este fallo abra las puertas a una posible reforma de la Constitución, ya que la misma sólo reconoce el matrimonio entre el hombre y la mujer.

Un segundo momento significativo del año fue el rechazo parlamentario a la reforma legislativa en lo que atañe al aborto, en el mes de septiembre. La cuestión del aborto suscita en las sociedades de nuestra región grandes divisiones y Ecuador no es la excepción, ya que el proyecto para ampliar los alcances de la interrupción del embarazo contribuyó a la polarización de la comunidad ecuatoriana, teniendo como resultado la preponderancia de la postura más conservadora.
El tema que se discutió en esta oportunidad, y que terminó siendo rechazado, fue la ampliación de la posibilidad de aborto en mujeres embarazadas producto de una violación. Las alarmantes cifras de denuncias (11 mujeres por día denuncian ser violadas en el país andino) y de partos en niñas menores producto de embarazo por violaciones, no alcanzaron para torcer la opinión de los representantes del pueblo en el Parlamento.
Lamentablemente, Ecuador se seguirá rigiendo por la ley de aborto promulgada en 1938, que sólo estipula el aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando la víctima posee una discapacidad mental.

Por último, se ha sancionado en Ecuador la legalización del cannabis medicinal. A mediados del mes de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó la producción, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. 83 legisladores votaron a favor del proyecto, que faculta al Ministerio de Salud para ejercer la regulación y el control tanto de la producción nacional como de las importaciones de productos medicinales derivados de la marihuana.

El acuerdo con el FMI: el ajuste y la inevitable crisis social

El gobierno ecuatoriano, en marzo, acordó con el Fondo Monetario Internacional un préstamo por 4.209 millones hasta 2021 en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), con el objetivo de sanear la economía. La obtención de crédito por parte del FMI conlleva un conjunto de condicionalidades que determinan los subsiguientes desembolsos y que se traducen en las ya conocidas “políticas de ajuste”.

El presidente Lenin Moreno adoptó una serie de políticas que tuvieron un gran impacto negativo sobre la sociedad. Mayores impuestos y fuertes recortes al gasto público (reducción de salarios estatales, cancelación de subsidios, etcétera) fueron los ejes centrales en la estrategia para reducir el déficit fiscal, medidas que inexorablemente atentan contra el bienestar y el desarrollo de la población si no conllevan una administración responsable y basada la reducción de las desigualdades y con miras a alcanzar la justicia social.

El gran estallido se dio a principios de octubre, cuando el gobierno decidió eliminar los subsidios a los combustibles. La medida repercutió inmediatamente en el precio los mismos, que aumentó en más del 100%. Si bien el Fondo Monetario aplaudió la decisión, fueron amplios sectores de la sociedad ecuatoriana los que decidieron movilizarse y poner un freno al avasallamiento por parte del gobierno y de su acreedor.

Las protestas fueron iniciadas por el sector del transporte, a la que se sumaron sindicatos, indígenas y estudiantes en una clara demostración colectiva de rechazo a las imposiciones emanadas desde el exterior.

Las protestas fueron iniciadas por el sector del transporte, a la que se sumaron sindicatos, indígenas y estudiantes en una clara demostración colectiva de rechazo a las imposiciones emanadas desde el exterior. Las protestas por momentos alcanzaron picos extremos de violencia en los cuales el abuso de poder y la represión ejercida por las fuerzas de seguridad tuvieron una incidencia decisiva, amparados en el estado de excepción decretado por Moreno, y arrojaron un saldo de 8 muertos y más de 1300 heridos.
Fue tal la magnitud de la movilización que el gobierno ecuatoriano se vio obligado a mudar la Sede de Gobierno desde Quito hacia Guayaquil; y finalmente a dejar sin efecto Decreto N°883, manteniendo el subsidio estatal al combustible y garantizando, al menos en el corto y mediano plazo, algo de paz y estabilidad social.

El resumen del año ecuatoriano refleja que el país andino atraviesa un presente similar al del resto de la región, en el que se conjugan las dificultades para hacer crecer la economía, grandes problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad y la presencia del Fondo Monetario como actor sobresaliente en la dirección de la economía, lo cual representa inevitablemente el ajuste de la la misma. Que las movilizaciones de octubre hayan hecho retroceder medidas que afectaban gravemente a la mayoría de la población ha sido una lección importante tanto para la política como para la sociedad en relación a los límites soportables por la ciudadanía, que en un contexto cada vez más complejo e incierto, demanda responsabilidad y justicia en el manejo de los asuntos públicos y un mayor énfasis en la redistribución de los beneficios.

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