Las grietas de la joya latinoamericana

Chile

El 2019 fue un año bisagra para el país andino, marcado por un estallido social que destapó la cruda realidad de una sociedad marcada por la desigualdad, donde unos son más iguales que otros a la hora de definir su futuro y satisfacer sus necesidades básicas. No todo lo que brilla es oro y Chile dio una clara manifestación de ello, a continuación se detallan los hitos de un conflicto que inició y aún parece no solucionarse.

Años de reconocimiento y apreciación de Chile como país modelo, como país ejemplo de paz, tranquilidad y libertad, años en lo que se construyó un relato alrededor de un país que “supo entender las reglas del mercado” y en consecuencia construir un sistema político y económico afín a las necesidades del mismo.

Objetivamente, el crecimiento del Chile fue un fenómeno innegable. En este sentido, los números macroeconómicos aportados por el Banco Mundial y la CEPAL son categóricos: la pobreza disminuyó de un 39% a un 8,6%, la pobreza extrema pasó de un 13% a un 2%, el ingreso base del 10% más pobre aumentó un 439%, el PBI per cápita se acercó a 25.000 dólares, entre otros datos. Inclusive, según el índice de desarrollo humano de la ONU, el país trasandino lideró el ranking, lo que le valió convertirse en el primer país latinoamericano miembro de la OCDE.

…el efectivo crecimiento de un país no implica necesariamente su desarrollo y Chile fue la demostración viva de ello. Un modelo de desarrollo considera el crecimiento, la distribución y la sustentabilidad del país, dándose en este caso concreto una anomalía en términos de distribución ya que Chile es una de las sociedades más desiguales del mundo.

Ahora bien, el oasis latinoamericano, país ejemplo de estabilidad tuvo su lado oscuro y sus limitaciones, porque el efectivo crecimiento de un país no implica necesariamente su desarrollo y Chile fue la demostración viva de ello. Un modelo de desarrollo considera el crecimiento, la distribución y la sustentabilidad del país, dándose en este caso concreto una anomalía en términos de distribución ya que Chile es una de las sociedades más desiguales del mundo. Esto pone de manifiesto que el crecimiento de este país no trajo aparejado la mejora de las condiciones de vida de los chilenos y chilenas ni mayores oportunidades, sino que por el contrario, resultaron excluidos de los beneficios de ese crecimiento que se realizó a espaldas de su pueblo.

Este fue el trasfondo político, económico y social que llevó a que el 18 de octubre detonara la primer manifestación que daría paso a un período de inestabilidad y protesta social nunca antes visto en Chile. Tras el estallido social, Sebastián Piñera decretó “el estado de emergencia”, anunció toques de queda y militarizó la calle, algo que no sucedía desde la dictadura de Pinochet; acto seguido, el Presidente chileno sin ningún tipo de tapujos declaró que el país se encontraba en “Estado de guerra” para luego terminar pidiendo perdón por su “falta de visión” y comunicando una serie reformas mediante las cuales se procuraba mitigar las profundas desigualdades que sufre la población. Sin embargo, la conflictividad no mermó y los chilenos y chilenas continuaron apropiándose de las calles y alzando su voz ante un gobierno que parecía no comprender la gravedad de la situación, de la cual no se sale con un simple aumento de pensiones mínimas.

…aún hoy los chilenos y chilenas carecen de algún espacio que canalice el sentir y las necesidades de un pueblo que se ha visto avasallado durante años mientras el 2% de la población se enriquecía a costa de su endeudamiento.

La situación no paró de levantar temperatura y los malestares seguían sin tener espacio para canalizarse, esto evidenció la desconfianza de la sociedad respecto de la política partidaria. De esta manera, la crisis afectó a la clase política en su totalidad, tal es así que ni la oposición política pudo referenciarse en este conflicto, ya que incluso gobiernos como el de Bachelet que en su momento generaron expectativas de cambios profundos, se limitaron a la concreción de simples reformas que no modificaron los problemas estructurales. En consecuencia, el conflicto social siguió extendiéndose porque aún hoy los chilenos y chilenas carecen de algún espacio que canalice el sentir y las necesidades de un pueblo que se ha visto avasallado durante años mientras el 2% de la población se enriquecía a costa de su endeudamiento.

Este conflicto inicialmente subestimado, generó controversias al interior de la misma cúpula gobernante, lo que llevó a que Piñera dispusiera el cambio total de gabinete en un intento de contener la oleada de manifestaciones, objetivo trunco ya que las protestas continuaron. Dichas manifestaciones no sólo continuaron, sino que con el correr de las semanas se consolidaron con la participación de múltiples sindicatos, lo que daría lugar al histórico Paro General del 12 de noviembre convocado por la Mesa de Unidad Social, plataforma que congrega a más de 70 organizaciones sindicales y sociales del país. Este exitoso paro respondió a una agenda social, económica y política de reivindicaciones dentro de las cuales se destacaba la creación de una nueva Constitución mediante una Convención Constituyente. En adelante esta sería la exigencia que con más fuerza se haría escuchar en las calles del vecino país.

Acorralado por las incesantes manifestaciones Piñera accedió a la modificación de la Carta Magna, promulgando una reforma que habilita la participación ciudadana mediante un plebiscito. Esta disposición sería posteriormente discutida y avalada por el Congreso mediante el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución que definió la fecha de la consulta popular y su contenido. Sin embargo, quedaría abierto el debate en torno a la conformación de la Convención, tema que generaría grandes diferencias entre el oficialismo y la oposición partidaria.

Chile se viste de rojo

El despertar del pueblo chileno no resultó gratuito, lejos de eso, se cobró la vida de 27 personas y dejó una cifra de más de 3.400 hospitalizados según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otro lado, el número de detenidos ascendió a 8.812 personas.

La violencia protagonizó las calles y las imágenes de represiones se volvieron una constante, esto evidenció la dureza del gobierno chileno y trajo a la memoria recuerdos propios de la dictadura de Pinochet, situación que llevó a que organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la OEA dispusieran el envío de misiones con el objetivo de estudiar la situación y elaborar informes.

Paradójicamente, la investigación impulsada por la ONU fue dirigida por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que actualmente es la ex Presidenta chilena Michelle Bachelet. El informe presentado el 13 de diciembre concluyó que efectivamente se concretaron violaciones graves, masivas y reiteradas en el tiempo “existiendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza que resultaron de la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”. El proceder de la fuerza de seguridad fue seriamente cuestionado e incluso desde el organismo se recomendaron reformas profundas al interior de la institución.

En respuesta, el gobierno chileno afirmó que algunas denuncias detalladas en el informe fueron desestimadas por la justicia por ser falsas, especificando que el 95% de las detenciones fueron declaradas legales por los Tribunales de Justicia.

Pasadas unas semanas, desde el Palacio de la Moneda se anunció la convocatoria a un Consejo de Gobierno abocado al estudio de una reforma del cuerpo de Carabineros y dispuso la separación de más de 400 agentes señalados por sus excesos.

Sin bien estas medidas constituyen un gesto político a reconocer, lo cierto es que esto no culmina acá. Ahora resta al gobierno responder por las 2670 denuncias presentadas a nivel local y concretar un sinceramiento interno que haga efectivo un cambio profundo al interior de una institución históricamente señalada por su crudeza.

Se presenta un 2020 con muchos retos para el país andino, le toca a la clase dirigente ESCUCHAR a su pueblo (muy distinto a oír). La gente pide oportunidades, participación y consideración. Soplan vientos de cambio en un país sometido a los designios del “santo mercado”, llegó la hora de que los hermanos chilenos y chilenas puedan darse el debate por años pospuesto, llegó la hora de que Chile tenga una Constitución pensada y aprobada por su pueblo que entrañe un proyecto de país que los incluya y contenga.

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