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Los Caminos del Derecho y de la (in) Justicia

Con el macrismo se ha vuelto a poner en negro sobre blanco lo fácil que pueden utilizarse/manipularse los aparatos del estado en democracias de baja intensidad, como las periféricas, para hostigar al adversario/enemigo político. Ejemplos de esta nueva herramienta del poder, abundan a lo largo de la patria grande latinoamericana.

De todos modos, este nuevo artilugio emergente, en un período de devaluación constante de la credibilidad del derecho y sus operadores, no ha hecho más que incrementar el sentimiento de  profundo tedio y  malestar popular hacia las decisiones que toma la administración de la (in) justicia en todos sus niveles. Las causas son múltiples, variables, y complejas pero lo único cierto es que la función judicial, sea como actividad constitucional ( «control» intra poderes) o como servicio público al ciudadano/a, ha ido perdido paulatinamente la poca legitimidad que contaba en su origen. Esta situación de respeto popular decreciente sobre las decisiones judiciales, tiene que ver, no tengo dudas, sobre la percepción de la injusticia.  Por eso, la credibilidad/legitimidad judicial es directamente proporcional  al desarrollo social y económico. Es decir, a mayor desarrollo económico/social mayor legitimidad de la agencia judicial. Por esa razón, siendo latinoamérica la región más desigual del planeta, sus operadores judiciales merecen escaso respeto, situación que comprueban desde hace décadas los sondeos de opinión.  Sin embargo, de todos los países latinoamericanos, Argentina cuenta con un elemento distintivo en la percepción de la «injusticia» sobre las decisiones judiciales. Esa característica particular, que genera, como dije, mucho más tensiones que en el resto del continente se vincula con la impronta que ha dejado en la cultura popular la impaciente búsqueda de justicia de los movimientos de derechos humanos por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Así las cosas, es posible afirmar que Argentina, fruto del peronismo y de los movimientos derechos humanos, no existe afortunadamente una tolerancia paciente ni de la injusticia social ni la judicial.

Sin embargo, mientras esto ocurre, el cuerpo de funcionari@s designad@s para aplicar la ley en Argentina, como afirma con erudita precisión el Profesor Roberto Bergalli » han quedado…confinad@s a una suerte de limbo aparentemente super partes indiferente o casi a los movimientos que la acción de masas que las generan…» Dicho todo esto nuevamente me gustaría comenzar por poner en discusión de que hablamos en Argentina cuando hablamos de Justicia, Poder Judicial, Derecho, Legalidad, Legitimidad, Independencia, Autonomía, Gobierno de la Administración de Justicia, etc.  Se sabe que en toda sociedad la forma en que se habla, en que se construye el discurso público, sirve no solo para conjurar los poderes y peligros del lenguaje en movimiento, sino peor aún, para limitar las acciones y las transformaciones sociales profundas. Por eso, cuando se habla, debate, discute sobre el derecho, de la legalidad o la legitimidad de una decisión judicial, del servicio de justicia, del poder judicial, de su independencia judicial, etc. utilizamos algunas categorías conceptuales sin distinción, sin crítica e incluso las intercambiamos como sinónimos. Sin embargo, lo único cierto es que la historia de conformación de los «estados de derecho», con el nacimiento de los estados burgueses, permite demostrar que el aparato estatal que monopoliza el ejercicio de la violencia estatal mediante el uso del derecho, jamás ha sido un verdadero poder y mucho menos un poder independiente. Sin profundizar demasiado lo cierto es que el malestar, que se percibe sobre el funcionamiento de la administración de justicia en particular en Argentina, sin dudas, es consecuencia tanto de causas estructurales –cambios globales en el modelo económico de producción capitalista– como coyunturales- que de una forma u otra reflejan la fractura del orden burgués que el derecho y/o el sistema judicial pretendían sostener como mecanismo de gestión de conflictos y mediatización de la violencia. Por ese motivo, no se puede seguir dando por sentado que existe un sistema de reglas, el derecho no es más ni menos que eso, que puedan dar plena satisfacción a los intereses disimiles que atraviesan sociedades cada vez mas complejas. Se sabe que el discurso y el jurídico en particular, no es simplemente aquello que traduce los hechos a normas sino aquello por lo que y por lo cual se lucha y se debe luchar. Sobre esa lucha de transformación del derecho, de la injusticia social la historia de los movimientos sociales argentina ha sido especialmente transformadora. Sin embargo, se ha logrado instalar en una idea en el sentido común ciudadano sobre la independencia de la administración de justicia que no se adapta a la realidad ni al momento de la historia que se atraviesa. Por esa razón, esa conformación del sentido común sobre la independencia de la administración de justicia como dogma debería volver a ser puesta en crisis para determinar cual es el sentido que en el desarrollo de una sociedad más igualitaria requiere o mejor dicho que tipo de derecho, de justicia de decisiones judiciales deben imponerse para transformar la realidad.  En otras palabras, la permanencia dogmática de los conceptos han consolidado una totalización que cierra la discusión que no permite la apertura al debate, como si esas ideas tuviesen vida propia, fueren esenciales a la democracia . Insisto, no quedas dudas que la totalización que construye el dogma, el mito sobre lo que la administración judicial independiente es funcional al status quo de los intereses predominantes. Por eso, me gustaría volver sobre esas categorías iniciales como por ejemplo la legitimidad, la legalidad, la justicia y el derecho para que comencemos por preguntarnos: Si es posible elaborar un discurso justo sobre la justicia o si al elaborarlo lo que estamos haciendo es amenazar al derecho, amenazar la independencia judicial? Naturalmente, no es otra cosa que es eso lo que queremos hacer, amenazar el estatus quo, cuestionar las ideas cristalizadas porque la contradicción que existe entre esos términos entre legalidad/legitimidad y entre Derecho/Justicia están en el centro de su misma existencia. Haciéndolo lo que estamos haciendo también es hacer aparecer el sufrimiento de aquellos que sufren o mejor dicho de aquellos a quienes la cristalización de esas ideas  los hace sufrir porque no existe y esta ausente un criterio una regla que permita distinguir hoy para siempre entre el Derecho y la Justicia. Por eso es necesario interrogarnos por ejemplo: Quien define lo que es una decisión judicial justa? La definen los/las jueces/zas o las define la sociedad ante la cual esas decisiones se dirigen? Parecería, que esa cristalización ha permitido que los/las jueces/juezas crean que por el hecho de tener un cierto poder que el pueblo les ha otorgado para decidir ell@s pueden siempre, sin cuestionamiento alguno, decir cual es la verdad, o en otras palabras, cual es la decisión justa. Sin embargo, siempre hay un corrimiento, una distopia entre lo normativo y lo político. En esa distopia,  esa discordancia, es en donde debe comenzar la discusión, la lucha por la determinación de sus contenidos. En definitiva. el desafío,  seria poder pensar que que solo se puede hablar de igualdad y en consecuencia de igualdad ante ley si y solo sí cuando lo justo o lo injusto contiene una cierta participación plural en su determinación porque la cuestión de la definición sobre lo que es justo/injusto jamás esta dada sino que es y  debe  ser objeto de deliberación y resolución. En palabras de Derrida, sería necesario, preguntar si existe algún criterio seguro que nos permita  distinguir el derecho de la justicia? o que es una fuerza justa o una fuerza no violenta. Parecería hechas estas aclaraciones que detrás de estas categorías que desde el sentido común parecen idénticas, pero no lo son, se esconde una relación esencial entre la fuerza, su uso y su significación. Por esa razón el mantenimiento de un determinado orden además de contener, controlar las tensiones sociales, la búsqueda por la apropiación  del sentido de las palabras.  Por eso Pascal solía decir  que la Justicia sin la Fuerza del «Derecho» es impotente porque no puede realizarse sino tiene la fuerza de la ejecución pero la Fuerza del Derecho sin la Justicia es Tiránica. En otras palabras, la justicia sin legitimidad/consenso es Tiránica. Así, como lo es fuerte debe ser justo lo justo tiene que tener fuerza. Derrida habla sobre la deconstrucción de la Justicia sobre la deconstrucción del derecho. La deconstrucción como la posibilidad de la existencia de justicia. Desde el comienzo en esta búsqueda se produce un deslizamiento, una contradicción  una suma innumerable de equívocos. Esos equívocos esos deslizamientos plenos de contradicción nos llevan a ver, a escuchar, a sentir el sufrimiento de aquellos a quienes la ausencia de regla/criterio seguro para distinguir el derecho de la justicia. En definitiva se trata de penetrar sobre esos conceptos normativos no de normas que nos puedan decir que es aquello que permite juzgar o mejor dicho aquello que permite el juicio, aquello que permite a los jueces decir que es lo que es justo. En definitiva diría Derrida con la deconstrucción nos introducimos en la búsqueda, en el intentar descubrir cuando la coacción, la aplicación de la fuerza del estado a través de una decisión judicial, a través de una detención producida por la policía el saber cuando o saber como es que esa fuerza desplegada por un Juez o por algunos jueces puede ser justa o en todo caso legítima. Montaigne dijo que las leyes no son justas por ser leyes, la sentencia no son justas porque son sentencias en otras palabras. Se obedecen pacíficamente porque son respetadas, legitimadas por sus destinatario. Lo que se busca en el fondo de las reformas judiciales como fueron planteadas es una critica de las ideologías jurídicas, una critica de las superestructuras del derecho que esconden desde su nacimiento los intereses económicos y políticos de las clases dominantes. El Derecho y la Justicia que conocemos tiene un momento fundador por la fuerza diría Benjamín, un momento en el cual se establece no solo lo que es el derecho sino también lo que es justo. Es un momento de fuerza realizadora, un momento de violencia fundacional. Aquí podríamos decir que se encuentra un fundamento místico que pretende cristalizarse para siempre . Aunque no les guste la legitimidad del Derecho la legitimidad de la decisiones judiciales es absolutamente modificable, transformable, reformable porque esta fundado sobre capas de historia y además porque su fundamento último, su legitimidad no esta fundada. A veces nos parece justo hacer justicia. Cuando en un escrito judicial escribimos Sera Justicia o Se hará justicia, en cierta manera presuponemos que estamos haciendo referencia a una experiencia común, a un lenguaje compartido por esa en cierta forma de plegaria de apelación a tener una decisión justa. Escribimos esos escritos o decimos esas palabras en un contexto de sujetos que interpretan las leyes ( jueces y abogados), hasta los que hicieron las leyes, los que juzgan, los que son juzgados, todos aquellos que son garantes del ejercicio de la justicia pero en realidad son garantes de un orden del orden del derecho no de la justicia. Lo que sucede es que confundimos el derecho con la justicia con intención o sin ella. De todos modos, me parece que ahí algo importante para destacar. Todos y todas sabemos que injusto juzgar a quien no comprende ni sus derechos ni la lengua. Por ese motivo existe el derecho de defensa en juicio porque en cierta medida este precepto del debido proceso encierra, entierra la realidad fundacional del lenguaje jurídico, un lenguaje que queda reservado para aquellos que pueden hablarlo, que pueden escribirlo, que pueden interpretarlo. Sin embargo, son innumerables los ejemplos que podríamos citar para hacer referencia a aquellas situaciones en el que el sistema judicial pronuncia sus decisiones presuponiéndolas conocida por todos y todas aunque muchos y muchas no entienden de que se esta hablando. . Dice Derrida por muy ligera o sutil que sea la diferencia de la competencia en el dominio del idioma, la violencia de la injusticia comienza cuando todos los miembros de una comunidad no comparten completamente el mismo idioma. Como en todo rigor de esa situación ideal no es posible extraer desde ahora alguna consecuencia sobre la posibilidad de justicia. La violencia de esta injusticia que consiste en juzgar a quienes no comprenden la lengua no es ni una violencia ni una injusticia cualquiera. Por ese motivo debemos tener responsabilidad en recordar la historia, el origen y el sentido y por lo tanto de los límites de los conceptos de justicia de ley y derecho. Esto determina un legado en la lengua de lo que es la justicia. Para ser justo con la justicia y la primera justicia es la de escuchar, comprender de donde viene y que es lo que quiere de nosotros. Hay que saber que se dirige siempre al otro a pesar o precisamente por causa de su pretensión de universalidad. El mantener vivo el cuestionamiento sobre su origen, fundamento y limite del aparato conceptual de la justicia, el derecho, que es su lengua, nos permite buscar una justicia legitima, el olvido sobre todo eso implica insensibilidad hacia la justicia. La violencia fundacional del derecho fue la imposición de una forma de decir, de hablar, una forma de hablar que respondía a las minorías que se apropiaron del Estado. Un ejemplo de este cambio de lengua es el paso por ejemplo en Francia del uso del francés en lugar del latín en los tribunales. Por eso Levinas hablaba de un derecho infinito cuya base no es el concepto de hombre sino del otro. La equidad no es la igualdad, la proporción calculada o la justicia distributiva sino la disimetría absoluta.

Para ser justa la decisión de un juez/a no solo debe seguir una regla de derecho o general sino que debe asumirla y confirmar su valor a través de un acto de interpretación restaurador como si la ley no existiera con anterioridad como si la inventara en cada caso porque cada caso es otro y cada decisión es diferente. Si hubiese una regla que garantizase de manera segura esa decisión el juez seria una maquina de calcular. Ninguna justicia se ejerce ni se determina en la forma del derecho sin una decisión violenta que dirima porque la politización es interminable. Cada avance de la politización obliga a reconsiderar los fundamentos del derecho como tal o como habían sido considerados previamente. Con cierta nitidez puede afirmarse que el malestar también se vincula con la incapacidad de las decisiones judiciales para mantener aquellas viejas promesas decimonónicas de otorgar a todos/as iguales derechos, igual dignidad, igual libertad. Para ser más claro y simple, como lo que está ocurriendo es que la Sociedad le habla a la Justicia o la necesidad de una Justicia Legítima, el debate más particular y fino implicaría dar respuesta a: ¿qué valores sustanciales reclama el pueblo que realice el sistema judicial para que sus procedimientos sean aceptados como válidos? En la búsqueda de respuesta a la cotidianidad e intensidad de ese reclamo social debemos indagar específicamente sobre las causas subyacentes del fenómeno que determinan la realización de investigaciones genealógicas tan precisas como sea posible para determinar los procesos más o menos codificados que los actores judiciales utilizan para cumplir su actividad. Como dice Derrida, para ser justo con la Justicia, la primera justicia que debe ser hecha es la de escuchar e intentar comprender de dónde viene, qué es lo que quiere de nosotros, sabiendo que la Justicia se dirige siempre a singularidades, a la singularidad de otro, a pesar, o precisamente a causa, de su pretensión de universalidad sino seguiremos creyendo que la ley, el derecho es solo aquella que parafraseando a Anatole France en su magnificente ecuanimidad prohíbe tanto al pobre como al rico dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan.

 

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