La Ley de Reforma Judicial

Aspectos constitucionales del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

I –   Sin duda que el fallo recaído en el caso: “Rizzo Jorge Gabriel y otro c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional – ley 26855 s/ amparo ley 16986”, resuelto por  la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha 18 de Junio de 2013, constituye una clara reafirmación de los intereses corporativos del poder judicial. El mismo declaró inconstitucional la ley de Reforma Judicial nº 26855, sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo y declara nulas   las reformas introducidas al Consejo de Magistratura. Específicamente en lo que hace a la elección popular  por sufragio universal de sus miembros y de la ampliación del número de los mismos. Así la ley invalidada dispone: “El Consejo estará integrado por diecinueve (19) miembros, de acuerdo con la siguiente composición:

  1. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar.
  2. Tres (3) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar.
  3. Seis (6) representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán cuatro (4) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos (2) a la que resulte en segundo lugar.
  4. Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos (2) a la mayoría y uno (1) a la primera minoría.
  5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo”.

Pese a que la Corte Suprema de la Nación era uno de los activos más importantes con que contaba la democracia argentina hasta el año 2015, el referido fallo refuerza la defensa de la corporación judicial en desmedro de su democratización.

Al efecto el fallo en análisis interpreta la Constitución Nacional puesto que dispone  escuetamente : “… Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Serán sus atribuciones:

  1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.
  2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
  3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.
  4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
  5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.
  6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Sin perjuicio del amplio margen de autonomía que la Constitución delega en el Congreso para la conformación del órgano que nos ocupa , la mayoría de la Corte entiende que la reforma: a) Contraviene la representación estamentaria (Abogados, y magistrados elegidos por sus pares), b) Politiza el órgano y la función judicial al ser el escrutinio popular quien elige a los administradores del poder judicial y violenta el equilibrio postulado por la Constitución entre los abogados, jueces y órganos de la representación política, c) Afirma que el objetivo del instituto es la despolitización político partidaria de la designación de los jueces. d) Postula un criterio de independencia judicial acotado a la interferencia política partidaria. Cita en su argumentación opiniones de algunos convencionales constituyentes, emitidas en el seno de la Convención reformadora hace más de veinte años. Básicamente de sus fundamentos no se alcanza a vislumbrar el vicio de inconstitucionalidad de la ley, semejando más que a un vicio de inconstitucionalidad, a una valoración de la oportunidad, mérito o conveniencia de la reforma.

II – DEL CONSEJO DE MAGISTRATURA.  Previsto por el modelo judicial democrático contemporáneo surgido después de  la posguerra europea,  el instituto se implementó entre otros países, en  Alemania e Italia con el fin de transformar un poder judicial que había sido funcional a los totalitarismos que asolaron ambos países.

Su arquitectura institucional parte de atribuír a órganos diferentes las funciones que necesariamente ejerce el judicial de: a) gobierno y administración del poder judicial, b) Ejercicio del control de constitucionalidad y c) La resolución de  casos concretos.

Tal diseño institucional otorga al Tribunal Constitucional la competencia exclusiva en el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, confiere al Consejo de Magistratura su administración y el ejercicio del poder disciplinario sobre sus miembros, y  a los jueces en general les reserva la  potestad jurisdiccional de resolver casos concretos. De allí que democratiza el ingreso y la selección de sus miembros, como también el sistema disciplinario al ser ejercido por órganos con mayor legitimidad y extraños a la corporación. De ese modo descentraliza el poder del Superior Tribunal que se amengua, y la función esencialmente política del judicial (control de constitucionalidad) se centraliza en un Tribunal especializado y formado por juristas que representen las diversas ideologías políticas en tanto son elegidos por mayorías agravadas de los representantes parlamentarios.

El sistema referido busca garantizar la independencia del poder judicial en el ámbito interno y externo. Es decir  respecto de los poderes fácticos y políticos y de la propia jerarquía del mismo. Pero no niega  la posición ideológica del magistrado que toda interpretación normativa conlleva, por el contrario la hace pública y de ese modo se transparenta el ejercicio del poder.

Igualmente pretende atemperar con el diálogo institucional el origen contramayoritario del poder judicial. Es así que la institución menos democrática en su origen y legitimidad, es la que en nuestro sistema constitucional tiene la última palabra en lo que hace a la validez y aplicación de las leyes al caso concreto.

De allí al prever un órgano que concentra el ejercicio del control  de constitucionalidad, el mismo es integrado por miembros legitimados por un  amplio consenso político, resultante de mayorías calificadas en su elección por el legislativo. Utilizando la técnica de reenvío a la autoridad parlamentaria de la norma objetada, favorece el diálogo institucional y evita que se judicialice permanentemente la política.

Ello no importa desconocer el arduo problema de la interpretación judicial, entre otros el derivado del origen contramayoritario del judicial, lo que supone una “..clara desconfianza hacia la regla mayoritaria como medio apropiado para la toma de decisiones imparciales, que contrasta con la fuerte confianza en las capacidades de las élites de gobierno- y particularmente, confianza en aquellas élites compuestas por funcionarios bien entrenados y aislados de las mayorías como los funcionarios judiciales para decidir de un modo justo..”

Como también los profusos criterios de interpretación del texto constitucional, los cuales llevan a concluír que existen tal diversidad de “criterios interpretativos existentes lo que  le permite a la Corte producir fallos “ harto diferentes”. Agrega  además que la existencia de este “arsenal impresionante” de criterios  en manos de la Corte tiene como consecuencia que el producto final sea decididamente no pronosticable” y que “ vendría a contradecir la idea común según la cual las decisiones de la Corte responden a un trabajo técnico regular y previsible .

Esta Institución  ( Consejo de Magistratura) fue introducida  en nuestro país para la designación de los magistrados federales a excepción de los miembros  de la Corte Suprema por la Convención Constituyente de 1994 que prevé entre las atribuciones del Ejecutivo la de :  Nombrar los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.  Nombrar los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

La reforma constitucional del año 1994,   posibilitada por  el acuerdo celebrado entre los partidos políticos entonces mayoritarios, y que se concretó en el PACTO DE OLIVOS, fue pergeñada para hacer posible  la reelección del Presidente Menen y la obtención por parte del radicalismo de mayor poder institucional. Diagramada por tan estrechos consensos, no previó sino en forma laxa la integración de la institución que nos ocupa.

Tampoco dispuso la creación de  un órgano que ejerciera concentradamente el control de constitucionalidad, y de hecho la Corte retuvo en su poder la casi totalidad de las funciones judiciales hasta el presente.

Aún al día de la fecha el superior tribunal se reserva el manejo del presupuesto del judicial  pese a la expresa prohibición constitucional del inciso 3.del artículo 114 dado que norma  como atribución del Consejo de Magistratura: “ ..  la administración de  los recursos y ejecución del presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.”

III- Desde el punto de vista de la constitución real, entendida como el poder efectivo y real existente en una sociedad, y  reconociendo que : “..Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder: la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social: he ahí los criterios fundamentales que deben ustedes retener”( ).

El judicial se integra al bloque hegemónico dominante. No existe en el plano fáctico, la supuesta división de poderes pregonada por el texto constitucional.

El ejecutivo ejerce el poder actualmente como una monocracia atemperada, que aplica políticas públicas favorables a los grupos económicos concentrados. Al decir de  Leopodo Schiffrin : “Ese sistema deriva de la antigua república “patricia”, pero desde la caída de Perón en 1955 “tomó la forma de una laxa alianza entre el capitalismo (o cuasi-capitalismo) agrario, el capitalismo nacional, agrario e industrial, casi todo prebendario, el extranjero, la jerarquía de la Iglesia Católica, la Judicatura, y las Fuerzas Armadas y de Seguridad”. Schiffrin añade a esta lista el aparato cultural que no existía entonces; los grandes diarios, radios y TV; las academias, institutos y fundaciones y las universidades privadas. Esta conformación de poder real ha estado presente y se ha desarrollado a partir del golpe de 1930. Acordadas de la Corte Suprema que reconocieron a los golpistas de 1930 y 1943, la participación de la judicatura “en los hechos que dieron lugar a la fugaz caída de Perón en octubre de 1945, su desempeño en la sedicente Revolución Libertadora (fusilamientos del 9 de junio de 1956, sobre todo)”, en la represión de la época de Frondizi (movilizaciones, Plan Conintes) y en la dictadura de Onganía, para culminar en las aberraciones de la última dictadura”. Y se prolonga “con el boycot o la indiferencia frente a los juicios por el terrorismo de estado, y después con la masiva criminalización de la protesta social”).

Tal configuración fáctica del judicial, se agrava en épocas de tensión cuando se disputa poder al bloque dominante. Es así que crisis de tal índole hacen que se busque judicializar la política, pretendiendo acallar las filiaciones ideológicas de las doctrinas jurídicas, la contribución a la desigualdad social y económica que alguna de ellas promueve bajo la apariencia de la neutralidad del derecho.

Ello no importa desconocer el importante avance judicial progresista protagonizado por el  Superior Tribunal, en su anterior conformación, en diversos fallos que el propio voto de la mayoría cita: “la Corte Suprema estableció la inconstitucionalidad de: las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que impedían juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (“Simón” , Fallos: 328:2056); la ley de Matrimonio Civil que, al impedir a las personas divorciadas volver a casarse, limitaba la autonomía individual (“Sejean”, Fallos: 308:2268); las normas del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto desconocían las facultades acusatorias y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal (“Quiroga” , Fallos: 327:5863); la ley penal que, al castigar la tenencia de estupefacientes para consumo personal, no respetaba la autonomía personal (“Bazterrica” y “Arriola” , Fallos: 308:1392 y 332:1963); la ley que, al permitir sin fundamento suficiente la interceptación de comunicaciones personales y la acumulación de datos personales, avasallaba el derecho a la intimidad (“Halabi” ,Fallos: 332: 111); la Ley de Contrato de Trabajo que desconocía el derecho del trabajador a la protección integral en la medida que fijaba un tope a la indemnización por despido. (“Vizzoti” , Fallos: 327: 3677) y negaba naturaleza salarial a los vales alimentarios (“Pérez” , Fallos: 332: 2043); la ley de Riesgos del Trabajo que impedía al trabajador que había sufrido un accidente laboral acceder a una plena reparación (“Aquino”, Fallos: 327: 3753) en forma inmediata y no sujeta a un sistema de renta periódica (“Milone” Fallos: 327:4607); la ley de Asociaciones Sindicales en cuanto confería tutela gremial solo a representantes o autoridades de sindicatos que contaran con personería gremial (“Rossi” , Fallos: 332:2715) y dispensaba privilegios a ciertos sindicatos en detrimento de los simplemente inscriptos (“Asociación de Trabajadores del Estado”, Fallos: 331: 2499) .

Sin embargo la renovación del Judicial  a partir de la nueva institución no alcanzó a profundizarse, en sus ámbitos de gobierno,  lejos de ello el poder corporativo mantuvo casi paralizado al órgano de administración del judicial durante el anterior gobierno  así  el dictamen de la Procuración General de la Corte  detalla: “… como es público y notorio, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con ese modo de integración, no logró satisfacer las expectativas sociales que llevaron a su creación: esto es, agilizar y transparentar la selección de jueces probos e independientes, así como adoptar procedimientos más eficaces de control y remoción de los jueces. Así lo revelan los escasos procedimientos de· acusación y selección de magistrados concretados durante el año 2012.Del sitio web institucional surge que durante ese periodo sólo se realizaron doce reuniones de la Comisión de Selección, se convocaron a seis concursos y únicamente se remitieron ternas al Poder Ejecutivo con respecto a dos concursos. Asimismo, en ese periodo, la Comisión de Acusación sólo sesionó once veces y no formuló ninguna acusación”.

En la actualidad el ejecutivo nacional utiliza el poder judicial como arriete de persecución política a la oposición generando una crisis inusitada en la legitimidad del mismo.

Del  fallo en crisis surgen dos paradigmas diversos en la interpretación de la norma constitucional.

La Procuradora General de la Nación y el voto en minoría, postulan un  concepto de participación popular como criterio directriz de  gestión de los asuntos públicos, consagra al sufragio universal como medio fundamental para lograr tal meta  y  sostiene una visión más participativa y directa de la democracia. Igualmente reivindica la participación popular directa en el gobierno del judicial en consonancia con diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y  reivindica una ciudadanía políticamente activa y diferencia el mandato del derecho privado del que se ejerce en el derecho público como ejercicio de la soberanía del pueblo. Considera plausible desalentar intereses corporativos y descree de la supuesta violación del equilibrio en la composición del Consejo pués ningún estamento previsto por el artículo 114 de la C.N. – abogados, académicos, jueces,  y legisladores, puede por sí sólo imponer su voluntad. Por otra parte ratifica la delegación de la Constitución en el Congreso sobre la función del Consejo y no definió su integración.

El voto de la mayoría se muestra preocupado por la “politización” de la judicatura, y de la intervención política- partidaria en el mismo-,  más no considera la incidencia de  los factores de poder que influyen en el mismo, ni de la propia ideología conservadora  que sustentan importantes sectores del judicial.

Ello encuentra cierto fundamento durante el gobierno menemista, pués los  intereses de la politíca llevada adelante por el ejecutivo, era  la de los   grupos económicos dominantes, y funcional a la aplicación de políticas neoliberales.  Siendo una justicia dependiente del Poder Ejecutivo .  De allí que se llevó adelante una política de privatizaciones, desregulación ecónomica, pérdida de derechos laborales, y se consolidó la dilapidación del patrimonio estatal con la aquiescencia de la Corte Suprema en interés de los acreedores externos y de los grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura militar.

Más el juicio político seguido a algunos de sus miembros por el gobierno de Nestor Kichner, la nueva conformación del Superior Tribunal a partir del año 2003 y la adopción de medidas políticas tendientes a resguardar los intereses populares, hizo que cambiara sustancialmente el cuadro de situación. Produciendo estas políticas la oposición  al Ejecutivo de los sectores sociales dominantes que anteriormente avalaban la gestión del gobierno neoliberal.

“La renovación de la Corte Suprema en 2003 modificó un poco el escenario, reconstituyó su legitimidad social con decisiones muy importantes pero reprodujo una forma de gobierno que sostuvo esta alianza con los sectores más conservadores del  sistema de justicia. Poco se avanzó en un cambio de paradigma respecto del  funcionamiento cotidiano. Las estructuras judiciales han seguido manejadas por este sector que se atribuye la representación de toda la justicia. Podemos hablar del fuero federal pero también como ha quedado a la vista en estos últimos años, de la justicia civil y comercial, la justicia contencioso administrativa y las de las distintas provincias.

En la actualidad la manipulación del judicial se efectiviza por parte del ejecutivo, en forma aviesa – con la intervención de los servicios de inteligencia y de jueces que  se subordinan a los intereses políticos del ejecutivo-  lo cual a sumido a la institución en una crisis terminal. Por lo cual la reforma del judicial declarada inconstitucional y citada más arriba avizoraba  como un camino alternativo que podría haber morigerado el caos actual.

III – Del  análisis de lo afirmado por el Ministerio Público y de la disidencia del fallo referido, surgen ideas fuerzas que evidencian un criterio plausible en la interpretación de la norma declarada inconstitucional afín a la profundización democrática. Tales como priorizar el concepto de representación popular en el ámbito del derecho público y el reconocimiento de que el voto popular puede otorgar cierta razonabilidad en la elección de consejeros más afines a las necesidades populares.

“En este contexto, la disputa por el consejo de la magistratura tiene sentido si logra desarmar la tradicional configuración conservadora. La elección popular viene a romper la lógica de representación histórica del sector judicial y de los abogados, no sin dificultades que habrá que sortear para lograr la representación que el 114 de la CN exige. La negociación con la Corte Suprema de la  administración de los recursos y de la superintendencia, en términos del gobierno del poder judicial, ha mostrado que esta disputa está vigente y que se está redefiniendo la relación de fuerzas pero que todavía el peso de esta concepción es contundente”.

Ello en virtud que quienes sostienen que la profundización democrática debe lograrse ampliando el margen de la discusión pública, incorporando a todos los habitantes en el debate público, también afirma que es necesario para ello combatir las desigualdades e incluír a todos los habitantes del país en el disfrute de  los derechos garantizados por el bloque de constitucionalidad.

De allí que los derechos humanos “..se traducen en el despliegue de la igualdad, la libertad y la unicidad de los seres humanos frente a las organización políticas, sociales y económicas, y por otro lado en la ampliación de los sujetos de derecho a los que se considera legitimados a decidir..”

Para ello no debe soslayarse el origen histórico de los  derechos que nacen como una conquista de los pueblos en la lucha por la igualdad y que trasuntan en su gestación una cuestión de lucha de poder.

Siendo los derechos humanos de carácter netamente historicista: “..Por último el carácter concreto de los mismos quiere decir también –habría que decir- ante todo, que ellos, como ya antes se ha indicado surgen y se mantienen en la historia en virtud de la dinámica de la lucha política, en el sentido amplio de la expresión..”.

Cualquier avance hacia la profundización democrática importa la remoción de los obstáculos de poder que impiden el desarrollo de políticas inclusivas, igualitarias y todos los poderes de la Nación deben hacer propias tales demandas populares como una auténtica política de estado. La situación actual dista de tales enunciados, la subordinación al FMI y a los grupos financieros de la política nacional ha generado un caos social de alta inflación, desempleo, desindustiralización y marginalidad social. Todo ello a través de la persecución judicial a miembros de la oposición política y a la pérdida de espacios democráticos. La democratización del poder judicial y su independencia sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra democracia percibida como cada vez más distante.

 

 

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